LA IGLESIA

 

 contra la constitución anticristiana

Luca Volonté

Brújula cotidiana, 29-07-2022

 

El 4 de septiembre los chilenos votarán el nuevo texto constitucional. Aborto, género e invasión del Estado son algunos de los puntos críticos destacados por los obispos que también denuncian la limitación de la libertad religiosa. Y la popularidad del nuevo presidente Boric se hunde entre los ciudadanos.

 

Hemos sido profetas fáciles y poco escuchados, después de dos años de instrumentales y violentas manifestaciones anticatólicas y contrarias al gobierno de Piñera, con el apoyo de la izquierda internacional y de los lobbies abortistas y gays, el nuevo y jovencísimo presidente Gabriel Boric, elegido el pasado 19 de diciembre de 2021 y en el cargo desde el 11 de marzo, desea imponer una nueva constitución comunista y anticristiana, abortista, y pro género.

 

El próximo 4 de septiembre se votará el referéndum constitucional sobre el nuevo texto, pero hoy la abrumadora mayoría de los ciudadanos está en contra y la Iglesia católica sale al campo. La reforma constitucional, prometida primero y apoyada luego por el presidente Boric y por su mayoría, ha contado con el (indebido) apoyo público y reiterado de Michelle Bachelet, en su doble rol de expresidenta de Chile y alta comisionada para los Derechos Humanos. Sin embargo, desde su aprobación en la Asamblea Constituyente y en el Parlamento el pasado mes de abril hasta la fecha, registra un constante y amplio rechazo por parte de la ciudadanía, con un máximo registrado en los últimos días del 51% de rechazo, solo el 34% a favor y el 15% ya ha decidido no votar.

 

La popularidad de Boric también se hunde: según una nueva encuesta de Cadem (la empresa de encuestas sociales más autorizada del país), el índice de aprobación del presidente Gabriel Boric es del 40% y la desaprobación del presidente aumenta al 54%. Nunca ningún otro presidente se había vuelto tan impopular después de los primeros 100 días de gobierno. Las cosas irán de mal en peor para el actual presidente y su mayoría parlamentaria de extrema izquierda, a pesar del empeño en primera persona de Michelle Bachelet, quien prometió apoyar el texto constitucional y, de hecho, se trasladó a Santiago de Chile, para trabajar codo con codo con Boric y su mayoría. En los últimos días, sin embargo, la Conferencia Episcopal ha salido al terreno para declarar sin ambigüedades que la reforma constitucional es un peligro para la libertad religiosa, para el valor de la vida humana, la libertad de educación y la familia.

 

Los obispos dan la voz de alarma al tiempo que aprecian “el compromiso de garantizar una amplia gama de derechos humanos y sociales fundamentales... y el reconocimiento de los pueblos indígenas”: en el documento publicado el 22 de julio, a partir de la Doctrina Social de la Iglesia, manifiestan una orientación clara y muy dura sobre la reforma. En materia de vida humana, los obispos no sólo estigmatizan la total libertad del aborto incluida en la nueva Constitución, sino que subrayan polémicamente cómo se mencionan los derechos de los animales y “no reconozca ninguna dignidad ni ningún derecho a un ser humano en el vientre materno. Y esto da a la propuesta una impronta deshumanizante”. Finalmente, se reitera que “la enseñanza de la Iglesia en este tema [del aborto] es clara y constante, y especialmente el católico debe considerarla en su discernimiento”. El mismo adjetivo (“deshumanizante”) se refiere al derecho a la “muerte digna”. Los obispos chilenos advierten contra la tentación de “un exceso de Estado, en desmedro de la autonomía de las personas y grupos sociales para conseguir el bien común”, al tiempo que valoran el texto de reforma constitucional sobre los derechos “sociales”.

 

Sobre la familia, la paternidad y la ideología de género, no se andan con rodeos: “La familia es un valor esencial no solo para la Iglesia, sino para toda la sociedad... el Estado debe protegerla y auxiliarla para que pueda asumir sus responsabilidades, pero no debe sustraerla de las tareas que puede desempeñar sola o libremente asociada con otras familias... La propuesta constitucional asume este deber del Estado, pero amplía el concepto de familia al hablar de “familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, sin restringirlas a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos... Estamos ante una acepción neutra y desfigurada de familia, que la deja como un modo de organización al mismo nivel que una asociación... cualquier grupo de personas podría ser considerado una familia”. Un claro no a los matrimonios gay, trans y poliamorosos. El derecho y deber de la educación de las familias y padres hacia sus hijos es “insustituible e inalienable”, mientras que la propuesta constitucional “desfigura restringiendo la libertad de los padres y el derecho a la educación religiosa”. Incluso en el tema de la educación de la sexualidad, “en ningún momento”, protestan los obispos, “se establece la responsabilidad de los padres y la importancia de incorporar su participación en la educación en la afectividad de sus hijos”. Todo queda en manos del Estado, lo que es aún más preocupante por la fuerte presencia en el texto constitucional de la “ideología de género”. A los obispos preocupa el exclusivo fortalecimiento de la educación pública estatal y el silencio hacia las escuelas públicas "subvencionadas" (mayoritariamente cristianas), en donde estudia el 55% de los niños chilenos.

 

La libertad religiosa será limitada “por el respeto a los principios constitucionales, entre ellos el aborto, la educación de género, los límites a los derechos de los padres y de las escuelas”, principios que “son incompatibles con la fe cristiana”. Descontentos por la falta de reconocimiento, dejando el destino de las iglesias y obras cristianas en manos exclusivas del Estado, los obispos invitan a los chilenos a tomar nota de la importancia de la votación del próximo 4 de septiembre. Un voto entre un totalitarismo neocomunista y la libertad.