es clave para acceder a otros derechos como la
educación y la salud
Casi 7.000 niños,
niñas y adolescentes venezolanos migrantes en Argentina esperan hasta 3 años
para recibir el Documento Nacional de Identidad (DNI). La regularización es un
paso fundamental que deben dar los países de acogida a los migrantes para
asegurar la integración plena y el ejercicio de derechos, especialmente cuando
se trata de menores de edad.
Erismar, su esposo
Miguel y su pequeño hijo Marcelo emigraron de Venezuela con la esperanza de
reconstruir sus vidas en Argentina. De inmediato emprendieron los trámites para
obtener el documento de identidad del niño de apenas un año de edad que, en
definitiva, le permitiría integrarse con plenitud de derechos a su nuevo país.
La espera se prolongó por casi tres años; tres años durante los cuales Marcelo,
como otros niños venezolanos, permanecieron o permanecen al margen.
Aunque la familia
estuvo un año haciendo todos los trámites necesarios para salir lo “mejor
preparados” de Venezuela, se impuso la premura de huir y el niño llegó a
Argentina sin pasaporte; solo contaba con un certificado de nacimiento que no
era suficiente para tramitar su DNI, según las autoridades migratorias del país
en ese momento.
El día de la cita
en la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) le tomaron las huellas al
pequeño, pero a su madre le advirtieron que el trámite de regularización de su
hijo quedaría “intimado”, es decir paralizado, ya que no contaba con la
documentación necesaria para acreditar su identidad, en su caso un pasaporte o
cédula del país de origen. Erismar le explicó al funcionario que la atendió que
la partida de nacimiento era el documento de identidad de su hijo, pero este no
lo aceptó. La madre se fue cargada de incertidumbre y angustia, pues era
prioritario garantizar el acceso a la salud y a la educación de su hijo.
Cuando un niño o
niña nace en Venezuela, su único documento de identidad hasta los nueve años es
la partida de nacimiento, que es similar al certificado de nacimiento
argentino, pero sin huellas, foto o un número que permita reafirmar la
identidad.
En 2020 Erismar
dio a luz a su segundo hijo, y allí entendió la diferencia de los trámites para
acceder a la identidad en Venezuela y en Argentina. Mientras a su hijo
venezolano no le darían una cédula de identidad venezolana hasta alcanzar los
nueve años, su hijo argentino antes de los 3 meses de nacido ya tenía un
certificado de nacimiento con huellas y un número de identidad. Más importante
aún: tendría su Documento Nacional de Identidad (DNI) con su foto, datos y
huellas.
El caso de Marcelo
no es aislado, pues entre 8.000 y 9.000 niños, niñas y adolescentes (NNA)
venezolanos migrantes en Argentina se encontraban en la misma situación a
finales de 2019, según indicó la Directora Nacional de Migraciones, Florencia
Carignano. La mayoría de los casos correspondían a menores de nueve años que
habrían viajado solo con certificado de nacimiento, no tenían DNI venezolano o
se les había vencido el pasaporte al llegar al país. En cualquiera de los
casos, no podían tramitar su documento de identidad en Argentina.
La ruta en procura
de documentos de identidad en Argentina contrasta con lo que ocurre en
Venezuela. Erismar recuerda que cuando ella y su esposo decidieron migrar
querían hacerlo con la mayor previsión posible. En sus palabras: “Una migración
ordenada, responsable”. Su hijo nació en marzo de 2018, de inmediato iniciaron
los trámites para obtener el pasaporte del niño y les dieron cita para acudir a
las oficinas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y
Extranjería (Saime) en mayo. Pero desde entonces comenzó una indefinida espera
por la impresión del documento, cosa que nunca ocurrió pues el organismo
cometió errores que no resolvió oportunamente.
Así fue como en
enero de 2019 compraron los boletos para viajar a Argentina. La situación
económica de la familia seguía empeorando. Marcelo necesitaba vacunas, algunas
de las cuales cuestan hasta USD 150 y no estaban siendo suministradas por el
Estado venezolano. Después de un año de espera por el pasaporte, los padres
decidieron iniciar su tránsito hacia nuestro país y otorgaron un poder a un
familiar para persistir en la obtención del documento. Venezuela persiste en
negarle su derecho a la identidad.
Madres que alzan
la voz
En el país de
Nicolás Maduro protestar puede ser considerado un delito que, en casos
extremos, acarrea prisión. En Argentina es diferente: hay protestas todos los
días, en todas partes y por los motivos más diversos y ello no implica riesgo
para las personas que manifiestan su descontento públicamente.
Esto lo
entendieron las madres venezolanas que habían migrado a la Argentina. Madres
con hijos “intimados” se organizaron, crearon grupos en WhatsApp, abrieron una
cuenta de Instagram, compartieron sus historias en defensa del derecho a la
identidad y fundaron un movimiento: Niños Venezolanos Intimados
Solución temporal
En julio de 2021,
la DNM anunció una nueva disposición, la 1891/2021, que pretendía regularizar
el derecho a la identidad de 6.800 niños, niñas y adolescentes indocumentados
que ingresaron al país solo con partida de nacimiento.
Así dejaría sin
efecto la disposición 520/2019, vigente desde enero de 2019 y que permitía el
ingreso al país de menores de edad venezolanos sin cédula ni pasaporte. Los
menores de edad sin pasaporte ya no iban a poder ingresar, pero los que ya lo
habían hecho estarían habilitados a regularizar su situación. Un derecho por
otro.
Aunque de manera
provisoria, con la nueva disposición los menores venezolanos migrantes y
refugiados podrían acceder al Documento Nacional de Identidad (DNI) argentino
para gozar de más derechos, como ir a la escuela, acceder al sistema de salud
público o afiliarse a un plan sanitario privado.
En la presentación
de la disposición, la Directora de Migraciones, Florencia Carignano sostuvo:
“Con la firma de esta disposición otorgaremos DNI provisorio para casi 7.000
niños, niñas y adolescentes venezolanos. Y a partir de hoy encararemos encuentros
con todos los organismos aquí presentes para solucionar definitivamente los
problemas de documentación, de modo que cada niño, niña y adolescente acceda a
un DNI permanente”.
“Cuando llegamos
al organismo nos encontramos con un gran problema. En aquel momento había
aproximadamente entre 8 mil y 9 mil niños y niñas adolescentes venezolanos que
no podían acceder a algo tan básico como el DNI del país al que habían elegido
para vivir, estudiar y trabajar”, aseguró Carignano.
El DNI concedido
los menores tendría una vigencia de dos años y permitiría que accedieran a
servicios de salud y educación. El lapso de dos años fue empleado por padres,
madres y representantes para tramitar los documentos requeridos para obtener un
DNI permanente que acredita la residencia en Argentina.
Entre los
beneficios que estableció la última disposición fue el de tramitar un documento
provisorio solo con partida de nacimiento, sin necesidad de estar legalizada o
apostillada. Sin embargo, se concedieron apenas 60 días para que todas las
personas afectadas se registren en el sistema de identificación a distancia
(RADEX) y, cuando fuera el tiempo de renovar el DNI sería indispensable una
cédula o pasaporte venezolano.
La historia de
Maria Isabel y sus hijos es similar a la de Erismar, pero con algunas
diferencias. Los dos pequeños de María Isabel, que tenían 8 y 9 años en marzo
de 2019 cuando llegaron a Argentina, sí tenían pasaporte pero su partida de
nacimiento estaba sin apostillar. Eso fue un obstáculo insalvable cuando intentaron
obtener el DNI de ambos menores y, al igual que Marcelo, fueron intimados.
Con la
paralización del trámite, el pasaporte se les venció y no contaban con el
dinero necesario para resolver ambos documentos en la embajada venezolana:
apostillar la partida de nacimiento y renovar el pasaporte.
“Así fue pasando
el tiempo, ya llevamos acá 3 años y a los niños no les ha salido el DNI. Me
piden la apostilla de la partida de nacimiento y un documento de identidad
vigente”, explica Maria Isabel. Ella recibió el 6 de agosto del año pasado un
correo de la DNM que le aseguraba ser parte de las familias que se
beneficiarían con la nueva disposición, sin embargo hasta la fecha ambos hijos
siguen sin DNI.
En abril de este
año Maria Isabel logró ahorrar el dinero necesario para avanzar con la
renovación de los pasaportes de sus dos hijos: USD 150 al momento de la
solicitud y USD 80 al momento de la expedición del documento; un total de 460
dólares. Después de cinco meses, sigue esperando respuesta de la Embajada de
Venezuela en Argentina.
El derecho más
vulnerado
Para Carlos
Trapani, coordinador general de Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap),
una organización no gubernamental venezolana pionera en la promoción y defensa
de los derechos de la niñez y la adolescencia, “el derecho a la identidad es el
más vulnerado en contextos de movilidad humana y tiene un impacto diferenciado
en niños, niñas y adolescentes”.
Según el experto,
la violación del derecho a la identidad de los menores migrantes y refugiados
es una situación pluriofensiva: “No solo vulnera el derecho a la identidad, a
portar documentos públicos de identificación, sino que se vulneran otros
derechos: a la familia, a estar escolarizado, a acceder a servicios públicos de
salud y de educación. Hay una realidad muy compleja que gira en torno a la
falta de documentos de identidad”. Y en ese sentido, Trapani advirtió: “El no
tener documentos de identidad es la peor violación a los derechos humanos
porque eres invisible jurídicamente, y no puedes ser considerado sujeto de
derecho”.
“Cuando un niño,
niña o adolescente en situación de movilidad no tiene documento de identidad
aumentan los factores de riesgos: trata, sustracción, explotación”, advierte
Trapani. Explica que tanto el Estado de origen como el Estado de destino son
responsables y menciona dos aspectos clave: “Uno, la protección que tiene el
niño independientemente de su nacionalidad; y dos, tener en cuenta el contexto
social, jurídico e institucional que impera en Venezuela y hace difícil que las
familias obtengan estos documentos”.
Sobre la
responsabilidad del Estado venezolano, sus sistemas y organismos de
identificación Trapani señala que “el niño, niña o adolescente, independientemente
de donde se encuentre, es venezolano por nacimiento y el Estado debe garantizar
los mecanismos y procedimientos para que tenga acceso a procedimientos
gratuitos, oportunos, sencillos y uniformes para estar identificado”.
Niñez migrante sin
fronteras
Los niños, niñas y
adolescentes en contextos de movilidad humana están expuestos a una doble o
triple situación de vulnerabilidad, donde la combinación de factores de edad,
condición migratoria y situación documentaria hace necesaria una protección
particular. Es así que ser menor de edad y migrante representa, para los
Estados, una doble protección: una por la condición de niño o niña y otra por
la condición de migrante.
La primera está
amparada por la Convención Sobre los Derechos del Niño y la segunda por la
Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares. Ambos acuerdos implican mirar la
niñez y la migración como un suceso que se interconecta en los procesos de
movilidad humana. Este experto advierte que “este contexto obliga a los países
a generar un marco de protección en el que ser niño prime sobre el hecho de ser
migrante”.
Para esto, Trapani
propone que los Estados adopten protocolos transfronterizos que garanticen la protección
del niño porque este es su derecho independientemente de su nacionalidad. Estos
protocolos deben ser creados desde el doble enfoque: ser niño y ser migrante,
pero teniendo como prioridad el interés superior de la niñez. “Tomando en
cuenta esa realidad, yo como Estado facilito mecanismos y procedimientos,
adecuo la legislación que garantice la regularización y la mayor cantidad de
derechos por el mayor tiempo posible”, explicó el defensor de derechos humanos.
“El contexto de la
migración venezolana es forzada, no están por turismo, no es una decisión
voluntaria, no es una decisión libre de cualquier tipo de coacción o miedo.
Responde a una situación de país que hacen considerar la migración como una
opción de supervivencia. No tener documentos de identidad no hace que las
familias dejen de migrar, sino que hacen la migración más insegura”, agregó.
La falta de
documentación en procesos de movilidad humana es un llamado a los Estados a
favorecer la protección de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad,
en especial a los menores de edad, puesto que a los países de tránsito y
destino les conviene regularizar el estatus migratorio y facilitar los
mecanismo, a colocar más obstáculos. Por eso, alertó Trapani, “reformar
legislaciones que no facilitan el proceso migratorio y la identidad de las
personas, son decisiones que van en contra de la lógica de derecho”.
