Los católicos y las instituciones políticas

¿Una nueva fase de dificultad?

Las enormes presiones a favor del reconocimiento de las parejas de hecho y del matrimonio homosexual, que asumen ahora las características de una prepotente ola que utiliza todos los medios para imponerse, presentan un lado muy problemático sobre el que poco se reflexiona. Y es que si se involucra a las instituciones como protagonistas, surgiría el grave problema del enfrentamiento entre la objeción de conciencia y las instituciones. La historia del compromiso social y político de los católicos y la objeción de conciencia, tiene sus orígenes a finales del ochocientos. No quisiéramos volver a la misma situación, pero las presiones para que esto ocurra son muy fuertes.

Las presiones a favor del giro radical que representa el matrimonio homosexual son múltiples y proceden de diversos actores: asociaciones de la sociedad civil, la prensa progresista que conduce sistemáticamente a confundir entre la homofobia, que se refiere a las personas, y la oposición al pluralismo familiar, que se refiere a las leyes, poderosas agencias internacionales, infiltraciones ideológicas dentro de las agencias de los organismos internacionales, ricos y poderosos lobbies y otras formas de presión. Esto ya se conoce. Existe una guerra y hay que combatir. Esto no representa un problema particular, dado que las fuerzas que luchan son reconocibles y la partida está abierta. El verdadero problema surge cuando las instituciones públicas son quienes promueven el matrimonio homosexual, la ideología homosexual y la ideología de género, que es el requisito cultural de fondo, y lo hacen ocultando su propaganda detrás de la supuesta defensa de los derechos humanos y la lucha contra la discriminación. En este caso se produce algo particularmente peligroso que rompe el llamado pacto social y que puede llevar a los católicos, por principios, a una oposición contra las instituciones públicas. Esto sería un grave daño para todos.

Muchos organismo locales italianos se han adherido a la RE.A.DY (Red Nacional de Administraciones Públicas contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género). Los objetivos de esta red presentan esa ambigüedad de fondo típica de la cultura de género, es decir consideran discriminatoria cualquier posición que haga referencia a una dimensión natural de la familia y confunden todo esto con la negación de los derechos individuales de gays y lesbianas, es decir, con la discriminación. Apoyar, por tanto, la idea de que una pareja gay no puede tener el mismo reconocimiento que un matrimonio heterosexual, asume las características de un acto de intolerancia. Las actividades de la red en cuestión no se limitan a difundir un sentimiento civil de respeto, sino una cultura particular de indiferenciación sexual (precisamente, la cultura de género) y por tanto de destrucción del nexo procreación-familia-filiación. Se trata de una verdadera perversión que se hace pasar como simple educación para la tolerancia. Esta actividad de los organismo locales no se limita a las celebraciones, como en el caso de la jornada anual contra la homofobia, sino que se estructura de forma continua, en conexión con instituciones educativas públicas, a las cuales el municipio o la provincia les proporcionan el apoyo, las contribuciones de los operadores que por lo general forman parte de las asociaciones de gays y lesbianas. A menudo también se diseñan campañas específicas. En particular son objeto de esta formación cultural los cursos de educación sexual en las escuelas públicas. No hay que olvidar que no sólo los gobiernos locales, sino también la escuela es, en cierta medida, una institución pública.

Mientras tanto, la promoción de la cultura de género se plantea como un problema que compete únicamente a la sociedad civil y a nadie más. Sin embargo, cuando son las instituciones públicas las que se encargan de transmitir esta ideología, significa que un pensamiento único se está imponiendo empleando los sistemas de propaganda. Las instituciones no deberían hacer propaganda y no deberían discriminar, ni siquiera cuando quieran luchar contra una supuesta discriminación.

La objeción de conciencia por parte de los católicos, y de quienes están interesados en la verdad, ahora ya se podría aplicar en diversos campos. Sin embargo, cuando las instituciones se comportan de esta manera, la objeción de conciencia tendría que aplicarse a las instituciones mismas. Si hay que defenderse de las instituciones, empleando la objeción de conciencia y enfrentando riesgo y peligros, entonces el pacto entre ciudadanos e instituciones ya no es un pacto "de todos". Estudiantes católicos, familias católicas y ciudadanos católicos en general deberían realizar una objeción de conciencia ante las actividades de los gobiernos locales y de la escuela pública de la que hablamos anteriormente.

Esto, sin embargo, nos haría retroceder en el tiempo y se volverían a abrir heridas que se creían superadas. Después de la conquista de Roma de 1870, los católicos manifestaron su justificado rechazo del nuevo Estado italiano. Eso fue una objeción de conciencia respecto de las instituciones públicas de entonces. Como resultado de ello, a lo largo de décadas y de un precio muy alto, esa fractura fue, en cierto modo, curada y hoy el sentido de pertenencia de los católicos a la nación italiana y la fidelidad a las instituciones republicanas es total, aunque subsiste la obligación de obedecer a Dios en primer lugar. Pero, si ahora siguiera extendiéndose esta desviación y luego atrapara a las instituciones públicas bajo estas nuevas ideologías intolerantes que se disfrazan de tolerancia, reaparecería para los católicos la obligación moral de separarse de todo esto, de dividir las responsabilidades morales, de manifestar que si esto ocurre "no es en mi nombre". Pero ello sería una grave fractura civil que Italia no podría permitirse.

Osservatorio Internazionale Cardinale Van Thuân, 25-6-13