By Susan Yoshihara, Ph.D.
NUEVA YORK, 1 de mayo
(C-FAM)
Durante la semana en
la que se celebró su canonización, muchos atribuyeron al papa Juan Pablo II la
derrota de la campaña por el derecho internacional al aborto y la fundación del
movimiento provida internacional. Pero su alcance fue mayor y llegó a la
crítica del abordaje del desarrollo humano asumido por la ONU y de cómo puede
amenazar la paz y la justicia internacional.
«Formular asuntos
demográficos en términos de "derechos reproductivos" individuales, o
incluso en términos de "derechos de la mujer" es cambiar el foco que
debería ser el propio interés de los gobiernos y de los organismos internacionales»
dijo Juan Pablo II en una carta dirigida a la entonces Directora Ejecutiva del
Fondo de Población de la ONU, Nafis Sadik, en la víspera de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994.
Haciendo eco de la
encíclica Pacem in Terris, elaborada en
1963 por su predecesor, Juan XXIII, Juan Pablo II subrayó la necesidad de
formular una política de desarrollo ética basada en la verdad objetiva, la
justicia, el bien común y la complementariedad de los derechos y las
responsabilidades.
Una interpretación
adecuada de los derechos afirma que cada persona tiene «dignidad y valor
incondicional e inalienable», que la vida humana es sagrada desde «la
concepción hasta la muerte natural», y reconoce que los derechos «trascienden
todo orden constitucional». Una interpretación adecuada del desarrollo debe
estar «dirigida hacia el verdadero bien de cada persona y de la persona en su
totalidad» y no puede ser reducida a la simple acumulación de riquezas, bienes
y servicios.
«El aborto, que
destruye una vida humana existente, es un mal atroz», dijo a Sadik.
La carta constituyó
un ataque directo al borrador del documento final de la conferencia, que él
definió acertadamente como promotor del derecho internacional al aborto libre
que ignora el acuerdo internacional previo de que el aborto no debe promoverse
como método de planificación familiar. Ambos puntos fueron rectificados en el
documento final, pero de un modo tan difundido que los defensores del aborto no
han podido promover su agenda más allá del documento de El Cairo.
Sadik poco tiempo
atrás atribuyó al Papa el haber conferido atención mundial a la conferencia al
decir que un «país en particular con población muy reducida exclusivamente de
hombres fue la principal persona que dio publicidad a la CIPD». Mucho más que
habilidad mediática, la atención puesta por el Papa en la conferencia presentó
su visión estratégica del orden internacional, basada en el reconocimiento de
la autodeterminación nacional y cultural, y su astucia diplomática.
La atención que
generó conduciría a una prominente derrota para el gobierno de Clinton por
medio de la negación del vicepresidente Al Gore de que el aborto jamás había
estado en el tapete. Asimismo haría que otros líderes nacionales,
particularmente del mundo latinoamericano y musulmán, tuvieran que asumir una
postura sobre el asunto difícil de revertir incluso antes de que iniciaran las
discusiones.
Varios países
musulmanes boicotearon o amenazaron con boicotear la reunión, o declararon
oficialmente que no creaba nuevos derechos. Los países latinoamericanos se
opusieron a la inclusión de los términos «derechos reproductivos», «salud
reproductiva», «salud sexual» y «regulación de la fertilidad».
La desvinculación de
la agenda a veinte años del documento de desarrollo respecto de cualquier nuevo
derecho sigue siendo importante, y debilita la idea que muchos activistas y
miembros de la ONU tienen del enfoque del desarrollo de las Naciones Unidas
«basado en los derechos». Este abordaje,
que originalmente fue concebido treinta años atrás por militantes de derechos
como una forma de responsabilizar a los gobiernos ante la sociedad civil por el
cumplimiento de las obligaciones internacionales, fue adoptado por los
organismos de desarrollo de la ONU en diversos grados durante las últimas
veinte décadas, con algunos resultados polémicos.
En 2006, Unicef instó
a la legislatura nacional nicaragüense para que mantuviera la legalidad del
aborto y el último informe anual de dicho organismo afirmó que los niños de tan
solo diez años de edad tienen «derecho» a los servicios sexuales sin el
consentimiento de los padres. Ambos fueron producto de que el organismo
adoptara las nuevas y singulares interpretaciones que el comité de expertos
encargado de supervisar la implementación de la Convención sobre los Derechos
del Niño hizo del acuerdo.
El pasado mes de
marzo ese comité dijo a la Santa Sede que debería modificar el derecho canónico
para aceptar el aborto, implementar la educación sexual en todas las escuelas
católicas y abandonar su oposición a las relaciones sexuales de los
adolescentes.
Nada de esto hubiera
sorprendido a Juan Pablo II, que falleció en 2005. Al presenciar la erosión de
los derechos y las responsabilidades de los padres, advirtió a Sadik en 1994
que las «cuestiones que involucran la transmisión de la vida y su posterior
cuidado y protección no pueden afrontarse de manera adecuada excepto en
relación con el bien de la familia: esa comunión de personas fundada en el
matrimonio entre marido y mujer».
Aunque los
defensores del aborto miembros de la ONU siguen diciendo que fueron afectados
por la oposición de Juan Pablo II puesta en marcha, han doblado la apuesta en
su versión del enfoque basado en los derechos. La directora ejecutiva del Fondo
de Población, Kate Gilmore, anunció recientemente que el examen operacional del
Fondo de Población a veinte años afirma que el «desarrollo centrado en los
derechos humanos, cuyo latido es la salud y el bienestar sexual y reproductivo,
continúa siendo la interpretación más fiable de lo que el mundo necesita hacer
si de hecho ha de ser sostenible frente al cambio y a los desafíos».
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